1999


La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de San Isidro hizo una advertencia a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires acerca de graves irregularidades cometidas por fiscales y jueces intervinientes en el proceso penal que investiga la tragedia de la discoteca Kheyvis, de Olivos.

El 20 de diciembre de 1993, como resultado del incendio producido en el mencionado establecimiento, murieron 17 adolescentes, y hasta hoy no hay un fallo por parte de la Justicia con respecto a los responsables civiles y materiales del hecho.

La resolución adoptada por la Cámara fue suscripta el 8 de septiembre pasado por los jueces Fernando Maroto, Roberto Borserini y Juan Carlos Fugaretta, y calificó como “faltas graves” varias dilaciones en el proceso, tales como omisiones de los fiscales por no realizar control y demorar en impulsar medidas procesales. Los camaristas ordenaron, además, que los jueces que actualmente tienen las causas por el incendio, resuelvan todas las situaciones procesales que están pendientes.

¿Juicio Político?

Esta grave advertencia elevada a la Suprema Corte bonaerense fue interpretada por los entendidos en la materia como un virtual pedido de juicio político a los funcionarios judiciales que intervinieron en el trámite.

Lo cierto y concreto es que, en casi seis años de proceso, no se advierten progresos en la investigación y tampoco una voluntad por parte de los magistrados intervinientes en dar celeridad a la conclusión de varias diligencias que emanan naturalmente de la causa. Como un dato relevante al respecto, podemos señalar que los procesados no fueron llamados a prestar declaración indagatoria, luego de más de un año de haberse dispuesto tal diligencia y a pesar de las reiteradas peticiones de los representantes legales de los familiares de los chicos muertos en la discoteca.

La responsabilidad municipal

Una de las causas que se tramitan como consecuencia de la tragedia de Kheyvis es la que investiga la responsabilidad de diez inspectores municipales en cuanto a la habilitación de la discoteca. Esta causa, en principio estuvo en manos del muy criticado e ineficaz juez de San Isidro Carlos Santillán para luego pasar a manos del de transición Nro.3 de San Isidro Dr. Carlos Rodríguez Varela, como consecuencia de la Reforma Procesal Penal de la provincia: si no tiene rápida sentencia será archivada y los responsables, libres de culpa y cargo.

El 20 de julio del año pasado, y como un curioso regalo del día del amigo, la Sala I de la Cámara del Crimen de San Isidro dispuso que los citados diez inspectores municipales, procesados por habilitar en forma indebida la discoteca, sigan libres tras pagar una fianza de 200 pesos: un promedio de poco más de 10 pesos por cada vida perdida en la tragedia.

BOOMERANG está en condiciones de afirmar que la discoteca no estaba en condiciones de funcionar ni ser habilitada bajo ninguna circunstancia, y quien esto firma pudo ver copia de las habilitaciones firmadas por los inspectores apenas una semana antes del incendio.

El fuego

Para el abogado Carlos Piñero, abogado de los familiares de dos de las víctimas, el incendio fue instigado por un muchacho de 20 años, y el autor material fue un menor que roció un sillón con una bebida alcohólica y luego le prendio fuego. Esta causa es instruída por la jueza de menores de San Isidro Dra. Piva de Argüelles.

Al respecto, Héctor Tablado, padre de uno de los adolescentes muertos aquella noche de 1993 manifestó que “la pérdida de tiempo en llevar adelante las diligencias procesales no se puede recuperar. Es imposible reconstruir testimonios fieles después de casi seis años. Y en cuanto al reconocimiento de quienes fueron responsables del inicio del fuego, hay que pensar que en ese entonces eran adolescentes y que después de este tiempo, los rasgos naturalmente habrán cambiado bastante”. Sobre la determinación de la Cámara de amonestar a los fiscales y jueces intervinientes, Tablado se manifestó mínimamente reconfortado: “Es bueno saber que se puede ver alguna luz al final del camino. Después de todo este tiempo nuestra confianza en la Justicia estaba muy deteriorada. Y bueno, algo es algo, aunque nada nos podrá devolver la vida de nuestros hijos”.

Lo que queda

El 20 de diciembre de 1993, diecisiete chicos fueron a bailar y perdieron la vida. Otros 24 sufrieron graves heridas. Han pasado casi 6 años, y los rastros de lo que fuera Kheyvis han desaparecido. Lo único que queda es el recuerdo de aquellos muchachos, el dolor de sus familias y amigos. Y la Justicia y la politica mirando para otro lado.

Septiembre de 1999
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